El actual convenio de Muface, Mugeju e Isfas, los organismos que gestionan las prestaciones sociales de los funcionarios, como sanidad, expira el 31 de diciembre. Pero las conversaciones ya se han iniciado y las aseguradoras que prestan este servicio (SegurCaixa, Adeslas, Asisa y DKV), tienen claro que la inversión del Gobierno tiene que subir drásticamente, desde los 900 euros por afiliado actuales.
En concreto, estas empresas piden indexar el pago por funcionario al gasto per cápita sanitario público con una rebaja del 20%, lo que supondría incrementar un 50% el nivel actual. El Gobierno debería tener en cuenta la propuesta de las aseguradoras, ya que si no se acepta supondrá que el sistema público, ya colapsado, tendrá que absorber unos dos millones de pacientes más.
