El número de personas que no trabajan y están inscritas en los servicios públicos de empleo aunque estén contratados por una empresa se situó en febrero en 643.633 personas, una cifra que duplica la anotada en diciembre de 2019 y desmonta el optimista balance laboral del Ejecutivo de coalición: sin contar a estas personas, el paro registrado cayó un 7,9%; incluyéndolas, creció un 2,6%.
Entre diciembre de 2019 y febrero, el primero descendió en 252.590 personas, hasta los 2,91 millones; pero el segundo aumentó en 89.727, hasta los 3,55 millones. Es decir, que a pesar del fuerte rebote de la actividad en el último año y medio y la llegada de fondos europeos la situación del 'desempleo real' habría empeorado.
De esta forma, el Ejecutivo afronta el arranque del ciclo electoral con un dato que rebate su valoración sobre la evolución del paro en la Legislatura.
En especial en la última etapa, en la que la reforma laboral ha multiplicado los contratos fijos discontinuos: indefinidos pero que pasan varios periodos del año dados de baja a la Seguridad Social y cobrando prestaciones por desempleo (si tienen derecho a ello), aunque no cuenten como parados propiamente dichos.
El debate acerca de si las estadísticas de paro registrado reflejan la realidad del mercado laboral no es nuevo, pero nunca ha tenido tanta intensidad como en estos últimos tres años, que arrancaron marcados por los millones de afectados por ERTEs que provocó la pandemia y finaliza con sospechas de 'maquillaje' por los trabajadores fijos discontinuos.
Hasta el punto de que el investigador de Fedea Florentino Felgueroso ha acuñado el concepto "paro efectivo" para tratar de clarificar los datos desglosando a los demandantes con relación laboral.
El Ejecutivo, y en particular el Ministerio de Trabajo, plantea que ese debate es artificial porque el paro registrado se lleva contando igual desde una orden ministerial de 1985, que fija además que esos demandantes con relación laboral no se cuentan como tales (aunque dicho texto no menciona explícitamente a los fijos discontinuos).
De la pandemia a la reforma laboral
En diciembre de 2019, cuando PSOE y Unidas Podemos sellaron su acuerdo para gobernar, la cifra de demandantes con relación laboral era de 301.316 personas. En febrero de 2023 se había disparado un 113%, hasta las 643.633 personas. La brecha entre paro registrado y efectivo se ha elevado de un 9% a un 22%. Pero en estos más de tres años esta diferencia ha registrado una abultada volatilidad.
La clave en la primera fase de la Legislatura estuvo en las regulaciones temporales de empleo, que en abril de 2020 llegaron a afectar a 3,6 millones de personas, para ir reduciéndose paulatinamente a lo largo de los dos años siguientes. En febrero de este año solo quedaban 13.000, como consecuencia de la evolución de la pandemia y los cambios en el propio diseño de esta figura.
El efecto de este descenso es que la brecha entre paro efectivo y registrado se reduce a un mínimo del 7,9% en abril y mayo. Pero a partir de entonces vuelve a incrementarse hasta casi triplicarse.
La razón son los fijos discontinuos que han pasado a la inactividad hasta que vuelven a ser llamados por sus empresas y pueden pedir una prestación por desempleo. A diferencia de los afectados por ERTE, en estos periodo son dados de baja a la Seguridad Social, lo que aumenta las dudas sobre su consideración como "no desempleados".
Un ajuste de miles de parados
Sobre todo, después de conocerse de que el SEPE ha realizado varios ajustes en el registro de estos fijos discontinuos inactivos inscritos como demandantes, que incluyeron 'borrar' a decenas de miles de parados registrados para convertirlos en demandantes con relación laboral. La más intensa tuvo lugar en octubre y afectó a 52.300 parados registrados. La denuncia pública de esta operación por parte de Felgueroso la puso en el foco del debate público y político.
Tras varias semanas de tira y aflojas, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció a principios de enero que su departamento publicaría la cifra desglosada de fijos discontinuos, algo que hasta la fecha no ha hecho aduciendo la complejidad técnica de los trabajos. Ello pese a que el SEPE manejaba una cifra de fijos discontinuos "excluidos" por estas revisiones que ha ido realizando.
En cualquier caso, las 'revisiones' de parados fijos discontinuos se han frenado en seco en los últimos meses: en febrero alcanzaron a menos de 5.000 personas, el dato más bajo desde julio. En cambio, las nuevas altas de demandantes con relación laboral han aumentado.
En febrero llegaron a las 103.000, la menor cifra desde octubre, pero muy superior a la de los meses anteriores. Y es que el verdadero objetivo de estas correcciones era mejorar la contabilidad de los nuevos demandantes y evitar que fueran registrados en casillas erróneas. Empezando por la del paro registrado.
En cualquier caso, estas cifras son las que aparecen en las estadísticas públicas del SEPE. El Gobierno no ha facilitado los datos exactos de los ajuste ni los trabajadores fijos discontinuos inactivos, remitiéndose al futuro informe.
Los datos, antes de las elecciones
Por ello, la sorpresa saltó cuando el gabinete de Díaz facilitó esos mismos datos en una respuesta parlamentaria al Grupo Popular en el Senado. El equipo de la vicepresidenta asegura que esos datos son provisionales y no se corresponden al "informe en profundidad" en el que se trabaja con el SEPE y las comunidades autónomas.
Sobre el peso de los fijos discontinuos en la EPA, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, afirma que hay 594.200 ocupados con este tipo de contrato, pero sólo 45.500 considerados como desempleados por el organismo. Aunque obvia que el INE también los recoge como inactivos, no como parados, si no están buscando activamente empleo por esperar al llamamiento de la empresa.
En 2022 se fijaron cerca de 2,16 millones de este tipo y se crearon menos de medio millón de empleos en términos de afiliación, pero según Pérez Rey, el incremento de fijos discontinuos inactivos es de solo 5.000 en el conjunto del año, hasta los 325.000, según informa EFE.
Claro que esta media excluye la 'vacatio legis' entre enero y marzo en la que la reforma laboral no se aplicó por completo. Según los datos facilitados al Senado, los fijos discontinuos inactivos aumentaron un 80% de enero a diciembre. El mayor incremento se da en los meses de octubre, tras la revisión del SEPE.
En cualquier caso, Pérez Rey no ha detallado el conjunto de los datos y habrá que esperar a la presentación íntegra del informe para analizarlo en profundidad. Fuentes de Trabajo apuntan a elEconomista.es a que los trabajos están "avanzando" y, seguramente, verá la luz antes de las elecciones autonómicas.
