Si se comparan los indicadores económicos actuales de España con los de finales de 2019, la situación es similar, con luces y sombras, pero con una excepción muy importante: la deuda pública que ha aumentado sustancialmente pasando de 1,22 billones a 1,6 (con los que cerraremos probablemente el año). En términos de PIB, la deuda pública ha pasado del 98 al 110%. Esto resulta particularmente relevante porque los tipos de interés han pasado del cero al cuatro y medio por ciento, tomando el tipo principal del BCE. Aunque es posible que estos tipos bajen algo en el futuro, los que es prácticamente seguro es que no volveremos (al menos en un futuro previsible), a tipos cero o negativos. Esto quiere decir que tener deuda, y tenemos mucha más deuda pública, ha dejado de ser inocuo.
La principal consecuencia de la combinación de más endeudamiento público, y que haya que financiarlo, a medida que vayan venciendo los títulos a más tipos de interés que cuando se emitieron, es que hay que pagar cada vez más intereses. El corolario es que -si no se quiere deber cada vez más- hay que generar, como mínimo, superávits primarios, es decir más ingresos que gastos sin tener en cuenta los intereses. Por eso, las nuevas reglas fiscales europeas se concentran, precisamente, en hacer sostenible la deuda, fijando para países endeudados como España un objetivo a medio plazo de un déficit que no sobrepase el 1,5% del PIB. Como comentábamos en elEconomista la semana pasada, esto va a condicionar nuestra economía más que ninguna otra cosa.
A corto plazo, España se ha comprometido para finales del año que viene en un déficit que no sobrepase el 3% del PIB. Partimos de haber cerrado 2022 con un déficit de 63.736 millones, un 4,73% del PIB del pasado año. En los diez primeros meses de este, todavía 2023, el déficit, sin tener en cuenta la Administración Local, ha sido de 19.178 millones, 700 millones menos que en el mismo periodo del año anterior. En los diez primeros meses de 2023, el déficit se ha reducido un 0,16% cuando el objetivo para todo el año es una reducción del 0,83%, para pasar del 4,73% al 3,9%. Es probable que el déficit se reduzca algo más en noviembre y diciembre, pero muy poco probable, por no decir casi nada probable, que se alcance el objetivo.
Como todavía no tenemos reglas fiscales en vigor, las eventuales consecuencias de no cumplir en 2023 no son muy relevantes. Sin embargo, cumplir en 2024 será más complicado todavía, y ahí sí tenemos reglas fiscales. El año que viene, además, habrá que pagar más intereses por la deuda. No sólo porque tendremos, inevitablemente más deuda, sino porque casi toda que vence, y hay que renovarla,ya que se emitió a tipos de interés menores. Esto se va a repetir los próximos años. Otro factor que hemos comentado en otras ocasiones es que la población española envejece. Esto significa que la nómina de las pensiones, así como el gasto en sanidad y dependencia, irán aumentando, salvo que se tomen medidas de ahorro y ajuste extraordinariamente impopulares. Esto es particularmente relevante porque las pensiones son el gasto público de mayor importe, y la sanidad el segundo.
Si tenemos más presión por el lado del gasto, la pregunta obvia es si el crecimiento de los ingresos públicos será suficiente para seguir reduciendo el déficit. Según datos de la IGAE, los ingresos públicos acumulados de todas las Administraciones (salvo la local) estaban creciendo hasta octubre al 7,5%, mientras que los gastos lo estaban haciendo al 7%. Con estos números de ingresos y gastos, se reduce el déficit, pero muy poco. Si nos centramos en los impuestos gestionados por la Agencia Tributaria, que son la mayoría, el crecimiento hasta noviembre es del 5,5%. Para que nos hagamos una idea, hace un año esta tasa era superior al 15%. En general, los impuestos siguen un ritmo parecido al de la demanda interna nominal, que hace un año estaba en el 12%, mientras que ahora está en el 6%. Hay un menor crecimiento, que aun así ha superado las expectativas, pero esencialmente, hay menos inflación, lo que ha repercutido de forma directa en la tasa de crecimiento de los ingresos públicos.
Urge un reparto más equilibrado de cargas, en vez de gravar más a los asalariados
Por otra parte, el crecimiento de la recaudación de impuestos se concentra en una sola figura, el IRPF. En los once primeros meses de este 2023, la Agencia Tributaria recaudó 13.000 millones de euros más que el año pasado, de ellos, 10.000 millones fueron aumento de recaudación sólo en el impuesto sobre la renta, cuya recaudación creció un 9,7%. El otro gran ingreso que está creciendo a un ritmo similar son las cotizaciones sociales, cuya recaudación se ha incrementado en 12.000 millones de euros en los once primeros meses de este año. Ambos incrementos están directamente relacionados con el empleo, cuyo crecimiento se está ralentizando, y con el aumento de salarios, que no será tan elevado el año próximo como en este 2023.
En resumen, el objetivo de déficit del próximo año es mucho más exigente de lo que parece. Además, estabilizar la deuda pública, en línea con lo exigido por las reglas fiscales europeas, volverá a exigir sacrificios en los siguientes años. Todo esto resultará menos complicado si se sigue manteniendo un cierto crecimiento económico. Aquí las sombras vienen de varios frentes. El más inmediato se refiere a la inversión, que no ha recuperado aún los niveles de 2019, que a su vez eran muy inferiores a los de la década anterior, y que, además, han disminuido en los últimos datos disponibles, que son los del INE del tercer trimestre de 2023. Y todo esto, pese a los fondos europeos. Además, y especialmente en algunas comunidades como Cataluña, los niveles educativos, medidos por el informe PISA, han disminuido. Por último, seguimos a la cola de Europa, y aun más de Occidente, en inversión y desarrollo. Como señalaba Keynes ya en 1930, y como también destacaba en sus aportaciones el recientemente fallecido economista Robert Solow, a muy largo plazo la innovación y el crecimiento de la productividad lo son todo.
En fin, estamos mucho más condicionados de lo que parece. No sólo se trata de reequilibrar ingresos y gastos, sino también de que, una parte de los desembolsos sean inversiones que permitan un mayor crecimiento futuro. Al mismo tiempo, el aumento de ingresos tiene que ser compatible con las inversiones privadas que necesitamos, y con un reparto más equilibrado de los sacrificios, que como vemos, recaen cada vez más en los trabajadores asalariados. Para todo esto, es preferible una reforma fiscal global en profundidad a ir creando continuamente figuras tributarias, temporales o no. También es fundamental insistir en la mejora en lucha contra el fraude fiscal. Por supuesto, una menor polarización política e ideológica, y una evaluación del rendimiento de las medidas que se vayan tomando, ayudarían y mucho.
Concluyo estas líneas con mis mejores deseos a todos los lectores de elEconomista.es para el 2024, esperando que sigan leyendo y comentando el próximo año.
