El Gobierno tendrá que trocear el decreto 'ómnibus' en varias leyes para negociarlas

El rechazo del Pleno extraordinario del Congreso del miércoles a los tres Reales Decretos-leyes del Gobierno dejaría al Ejecutivo con pocas alternativas para sacar adelante las normas, varias de ellas indispensables para poder pedir el cuarto desembolso de los fondos Next Generation. Según los expertos jurídicos consultados al respecto, el Gobierno solo tendría dos vías para aprobar las normas de estos Decretos-ley; bien iniciar la tramitación como proyecto de ley de cada una de las medidas, bien volver a aprobar a través de la figura del Decreto-ley estas reformas, pero de forma individual, y con los cambios que exijan los distintos partidos políticos para así lograr su posterior convalidación en el Congreso de los Diputados.

Estos mismos expertos señalan que tramitar las normas por proyecto de ley supondría cumplir con todo el proceso legislativo y, por tanto, se extendería meses o incluso años en el tiempo, por lo que lo más probable es que vaya negociando las medidas con los distintos partidos y adaptando los cambios en nuevos Reales Decretos-ley para asegurarse su aprobación.

Los proyectos de ley conllevan que primero lo apruebe el Consejo de Ministros, se reúnan los informes de los distintos órganos consultivos pertinentes e inicien su tramitación tanto en el Congreso como en el Senado, dos Cámaras donde no reúne mayoría y las normas estarían condicionadas a numerables enmiendas. Por tanto, su aprobación se dilataría en el tiempo y con ella la capacidad de que el Ejecutivo reclame a Bruselas los fondos europeos, ya que la entrega está condicionada a que se aprueben varias de las medidas exigidas por la UE.

Un Ejecutivo acorralado

Uno de los puntos más polémicos del Real Decreto-ley del 19 de diciembre que condiciona la entrega de los fondos europeos es la reforma de eficiencia procesal y digital de la Justicia. Esta norma mantiene al Ejecutivo de Sánchez acorralado entre Junts y Bruselas.

Esta reforma en el ámbito de la Justicia incluye un cambio que pone trabas para aplicar la futura ley de amnistía. Concretamente, establece que cualquier tribunal podrá plantear en cualquier fase de un procedimiento una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que llevará a la suspensión inmediata del procedimiento. Hasta el momento, los tribunales españoles ya paralizaban los casos cuando remitían una cuestión al TJUE, pero la doctrina del tribunal europeo no estaba fijada en España en ningún lado. Ahora, se establece con rango de ley. Y esto choca automáticamente con el propio texto de la Proposición de Ley de Amnistía.

La futura norma de la amnistía fija que en los procedimientos relacionados con el procés que estén en fase de instrucción, los jueces y magistrados aplicarán la amnistía de oficio dictando el fin del proceso y archivándolo. Además, en el caso de que las resoluciones judiciales no hubieran adquirido firmeza por haber sido recurridas, los jueces también tendrán que aplicar de oficio la amnistía.

Sin embargo, este cambio en el Real Decreto-ley aprobado en diciembre supondría que si la ley de amnistía llega a Europa se parará de inmediato cualquier procedimiento en España al respecto hasta que el TJUE se pronuncie. Esto dilataría en el tiempo, en una media de dos años, que los implicados en el procés queden liberados de los delitos que se les imputa.

En los últimos años el Ejecutivo ha logrado convalidar en el Congreso varios Decretos-ley a pesar de que varios partidos se han mostrado en contra.
En esas ocasiones, el Gobierno ha sacado adelante las normas bajo la promesa a las formaciones contrarias de que desarrollaría posteriormente la norma por proyecto de ley con los cambios exigidos por la oposición.

Sin embargo, una vez en las Cortes, los partidos del Ejecutivo han ido prorrogando el proceso de enmiendas de modo que al terminar la legislatura han decaído multitud de proyecto de ley derivados de la tramitación de Decretos-ley. Por eso los distintos partidos de la oposición abogan directamente por derogar los nuevos decretos e iniciar una tramitación negociada.

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