Madrid
La marcha atrás en la implantación del pago por uso en las carreteras ha comportado una batería de compromisos ante Bruselas por parte del Gobierno que, de algún modo, persiguen el mismo objetivo que la creación de un mecanismo de financiación: disminuir el uso del vehículo privado y fomentar el uso de otros medios de transporte menos contaminantes. Los cambios se traducirán en medidas como el fomento de autopistas ferroviarias o la bonificación del pago de los cánones a los operadores por el uso de la infraestructura, entre otros. Todo ello medidas que ayudarán a compensar el desequilibrio existente en la cuota modal, donde en España la carga por ferrocarril tiene representa un porcentaje muy pobre.
Parte de esos cambios deberán contemplarse en la Ley de Movilidad Sostenible, que deberá a su vez incluir la obligación de implantar a futuro un programa de desarrollo de autopistas ferroviarias. Estas infraestructuras se deberán implantar en aquellos corredores en los que resulte viable y exista un interés empresarial para su desarrollo.
El siguiente aspecto a introducir en esta normativa, que en la pasada legislatura se quedó a las puertas de aprobarse, será la bonificación de los cánones ferroviarios para los tráficos de mercancías, es decir, rebajar la factura de las empresas al utilizar la red de transporte pública. Esta bonificación deberá estar vigente durante un periodo mínimo de cinco años.
'Ecoincentivos'
El tercero de los puntos que deberá contemplar la Ley de Movilidad Sostenible será desarrollo de un programa de apoyo al transporte ferroviario de mercancías, que incluirá medidas de incentivo al cambio modal de la carretera al ferrocarril y el impulso a la modernización e innovación en el sector del transporte ferroviario.
En este sentido, el Gobierno hasta el momento ha ayudado a los operadores a través de programas como los ecoincentivos, con el fin de compensar el gasto energético que se disparó tras la guerra de Ucrania. También se han implantado ayudas para la compra de material rodante, a través de la primera convocatoria de los Next Generation, que ascendió a 443 millones y la mayoría de beneficiadas fueron empresas ferroviarias.
Además de lo anterior, el Gobierno ha ampliado el plazo de consecución de alguno de los hitos prometidos a Bruselas. Es el caso del Real Decreto por el que se regulan los criterios mínimos de las zonas de bajas emisiones (ZBE) que debían implantarse para los municipios con más de 50.000 habitantes y territorios insulares. El calendario para lograr este objetivo se ha modificado, pasando del último trimestre del 2023 al último trimestre del 2024.
Una cuota muy reducida
El punto de partida de las mercancías por tren en España es muy bajo. El país tiene una cuota modal inferior al 5% frente a medios como la carretera, lo que le coloca solo por delante de Grecia e Irlanda y le lleva a tener un porcentaje significativamente más bajo que la media europea (UE-28), situada en un 17%.
Es por eso que desde junio de 2022 el Ministerio de Transportes publicó la versión final de la Iniciativa Mercancías 30, que tiene como objetivo duplicar la cuota del tren (hasta el 10%). Para conseguirlo se estima que las ayudas al sector hasta 2025 sobrepasarán los 900 millones de euros.
