Madrid
La primera farmacéutica semipública española se hace realidad. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de Innvierte, poseerá el 49% de la compañía, mientras que Rovi e Insud Pharma tendrán un 25,5% cada una. La nueva entidad se encargará de investigar y desarrollar terapias avanzadas. No obstante, todavía no ha trascendido el nombre de la futura farmacéutica público -privada, según ha afirmado Rovi a este periódico, así como tampoco se conocen a la exactitud las áreas terapéuticas a las que van dirigidas. En cualquier caso, no será una tarea de medicamentos genéricos, sino que estará ligado a la ciencia más puntera.
No en vano, el proyecto está ligado al Perte Salud de Vanguardia. A través de Innvierte, que aportará inicialmente 36,68 millones de euros, el resto de la financiación correrá a cargo de los laboratorios mencionados, que desembolsarán 38,18 millones entre ambos. De esta forma, se invertirán 74,86 millones a finales de 2024, aunque el desembolso puede aumentar hasta 220 millones de euros, dependiendo de las necesidades de los proyectos que se concreten en un futuro y sujeta a la aprobación por los socios del oportuno plan de negocio.
El objetivo de la farmacéutica es llegar a la autorización y comercialización de dos terapias avanzadas en 2027 fabricadas en España. Así, con esta sociedad se pretende impulsar una industria nacional para este tipo de terapias, que ahora mismo no existe en España. Eso sí, ha habido algunos intentos desde hospitales, como el Clínic de Barcelona, desde el que se trabaja con terapias CAR-T académicas.
Además, la ministra del Ministerio de Ciencia e Innovación, Diana Morant, explica que los fármacos resultantes de este proceso se ofrecerán al Sistema Nacional de Salud con un precio "competitivo", ya que se trata de terapias "muy costosas, muchas veces inasumibles por los sistemas públicos de salud". "Esto hará que nuestro Sistema Nacional de Salud sea más sostenible", incide.
Las empresas que participarán en esta farmacéutica tienen una larga trayectoria de innovación a sus espaldas. Por un lado, Rovi es la única compañía capaz de generar terapias con ARN mensajero en suelo español, concretamiento en Granada. Además, la capacidad de fabricación a terceros ha quedado patente desde la pandemia y hoy en día es la línea de negocio más fuerte de la firma de los López-Belmonte.
Por su parte, Insud Pharma, con sede en Guadalajara, es propiedad de la familia Sigman, de origen argentino. Una de las ramas del negocio es mAbxience, en Castilla y Léon, desde donde se trabaja desde hace tiempo con compuestos biológicos.
En cuanto al proceso de desarrollo, en marzo de 2023, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) hizo una llamada a las farmacéuticas privadas interesadas a participar en esta iniciativa. Tres meses después, se selecciono la propuesta conjunta que presentaron Rovi e Insud Pharma, atendiendo a sus capacidades técnicas y financieras.
Una promesa electoral
La consumación anunciada hoy en el Consejo de Ministros constituye el cumplimiento de una de las pretensiones de Sumar cuando llegó al Gobierno. Entonces, tanto la ministra de Sanidad, Mónica García, como su secretario de Estado, Javier Padilla, deslizaron que sus intenciones eran tanto la creación de una farmacéutica pública como el desmantelamiento, poco a poco, del sistema de aseguramiento de los funcionarios, Muface.
El proyecto que hoy se inicia, por otro lado, está lejos aún de las pretensiones de Padilla. En un artículo publicado el pasado verano, el segundo de Sanidad señalaba que la farmacéutica pública debía gozar de un presupuesto de 858 millones de euros, siendo 369 millones de dinero público.
¿Cuáles son los tiempos ahora?
Las firmas del pacto de socios entre el sector público y las entidades privadas están previstas para este miércoles. Posteriormente, una junta de accionistas elegirá a un consejo de administración, formado por dos consejeros a propuesta del Gobierno y otros dos a propuesta de las farmacéuticas participantes. Este será el máximo órgano de control, y elegirá a un director general --acordado entre las entidades participantes-- y a un comité científico-técnico, que será el encargado de determinar qué terapias tienen más proyección para cumplir los objetivos de la sociedad.
Este comité científico-técnico estaría constituido por tres miembros, uno por cada uno de los socios que participan: uno del sector público --a propuesta del Ministerio-- y otro por cada una de las sociedades privadas que participan en el organismo. Las dos terapias finalmente escogidas deben cumplir objetivos concretos en términos de interés público del proyecto, interés comercial, viabilidad económica y técnica. "Para el desarrollo de las pruebas, se va a contar con las capacidades industriales ya existentes, preferiblemente, para el desarrollo en España, también incluyendo al sector público y a las capacidades instaladas en cada una de las empresas que participan en la sociedad", han expresado fuentes de Ciencia.
