Madrid
El Gobierno hace un traje a medida de Puigdemont para liberarlo de los delitos de terrorismo y traición en el nuevo proyecto de ley de amnistía, a la par que consigue el compromiso de sus socios para sacar los Presupuestos. Sánchez despeja así el camino de la legislatura y demuestra, una vez más, su capacidad de superación en las circunstancias más adversas, mientras que llueven chuzos de punta por las relaciones de su Gobierno y hasta de su mujer, Begoña Gómez, con la trama Koldo.
La presidenta del Congreso, la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, compareció el martes para dar explicaciones. Las compras de mascarillas higiénicas defectuosas se autorizaron por la intervención de su Gobierno en Baleares para tener una reserva de material por si la pandemia se alargaba. Armengol no explicó por qué tardó casi tres años en denunciar que el material era defectuoso o porqué lo ocultó a la intervención regional. En su discurso, no hubo amago ni intención de marcharse. Al contrario, aseguró que está en política para ayudar a la gente y ahí seguirá.
Después de salpicar a Armengol, a cuatro ministerios y a directivos de empresas públicas como Adif o Puertos del Estado, el escándalo acorrala a Salvador Illa, el primer secretario del PSC y guardián de las esencias del Ejecutivo Sánchez. Su director de gabinete reconoce en el sumario que "el jefe está al tanto", pese a que Illa había desmentido, por activa y por pasiva, que gastara un euro en las mascarillas de la trama.
Pero aquí paz y después gloria. Si nadie está imputado, porqué van a dimitir, ¿a qué se van a dedicar luego? Como Ábalos. Son patrañas de la Prensa hostil. El público se cansará de leerla, perderá el hilo de las historias de corrupción y a otra cosa, mariposa.
El Gobierno exhibe músculo y poderío ante la oposición y las empresas. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se saca de la chistera un informe de la Abogacía del Estado para eludir el veto del Senado a las cuentas públicas para 2024, que los expertos ponen en duda. El ministro de Transportes, Óscar Puente, desafía a los mercados con vetar la opa de la empresa húngara Magyar Wagon sobre Talgo, ante las sospechas de la relación del primer ministro húngaro, Víctor Orban, con Vladimir Putin.
Los húngaros decidieron seguir adelante pese al enfado de Puente, porque Moncloa había dado vía libre a la operación sin contar con él, aseguran fuentes oficiales.
Nada ni nadie se atreve a enfrentarse al Gobierno, que extiende sus tentáculos, como si de un pulpo se tratara, sobre los tres sectores punteros de la economía: la banca, las eléctricas y las telecos, mientras que los empresarios se esconden debajo de las alfombras para evitar ser pisoteados.
La SETT de Escrivá es un invento para esconder el fracaso del Perte Chip de Nadia Calviño
Después del anuncio de la compra del 10% de Telefónica por parte de la SEPI, Escrivá estrenó esta semana la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT) con un presupuesto de 20.000 millones. Una manera de dar una patada adelante para que no caduquen en 2026 los 12.000 millones del Perte Chip, a los que se suman otros 4.500 millones del fondo Next Tech y otros 1.700 para el Hub Audiovisual.
La SETT, aseguran fuentes extraoficiales, es la forma de encubrir el fracaso de Calviño y de su secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, que sólo lograron atraer tres proyectos digitales: Broadcom, Cisco y el centro de investigación y desarrollo de Microelectrónica en Málaga (IMEC), por un monto inferior a 3.000 millones.
Escrivá, quien también controlará una parte de los créditos de la Adenda, tendrá dinero a borbotones para entrar y salir en empresas tecnológicas, así como para elegir las que reciban préstamos y subvenciones. El titular de Transformación Digital vuelve así a la champions league de la política y se convierte en uno de los hombres más respetados (y también temidos) dentro de su sector.
El nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se está volviendo a sentar con la banca, a la que en un encuentro privado y secretísimo organizado por KPMG, pidió "arrimar más el hombro", después del impuesto extraordinario. Bajo su batuta queda la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, creada también por Calviño a finales del año pasado. El organismo unificará los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) y tendrá competencias para imponer sanciones, por ejemplo, por el incumplimiento de las medidas de ayudas a las familias hipotecadas. Una especie de Policía para vigilar y sancionar los presuntos abusos de la banca española.
La CNE estará bajo el mando directo de Ribera y Díaz para atar en corto al sector eléctrico
El tercer sector en el punto de mira de Sánchez y de sus socios de Sumar es el eléctrico, como se recogía en el acuerdo de Gobierno. Para ello, la vicepresidenta Teresa Ribera hizo renacer de sus cenizas la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) con el objetivo de ejercer un mayor control político. Para empezar, sus futuros órganos directivos: el presidente, el secretario general, las tres direcciones generales y hasta el consejo de administración serán designados a dedo por Ribera, en consonancia con Yolanda Díaz y sus socios nacionalistas e independentistas.
La presidenta de la extinta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, que hasta ahora ejercía las labores de la CNE, fue elegida por Calviño y no por Ribera. Las eléctricas, que ya cargan con el peso del impuesto extraordinario, temen que se convierta en un órgano de hostigamiento contra ellas.
Al igual que ocurre con la nueva autoridad bancaria, la CNE tendrá funciones de supervisión y control, así como de inspección y sanción de los mercados eléctrico, de hidrocarburos, de gas natural y de hidrógeno verde. También atenderá a las reclamaciones planteadas por los consumidores y liquidará peajes, cánones y retribuciones reguladas por todos los sectores a su cargo.
Entre las tareas pendientes desde 2020, como revela hoy elEconomista.es, está la actualización de la política retributiva de la distribución eléctrica, en la que están en juego 22.400 millones. Asimismo, está pendiente la revisión de la denominada tasa Enresa, para sufragar el almacenamientos de los residuos nucleares. "Nos tienen asfixiados a impuestos y en un puño -exclama un alto directivo-. A este paso, el sector eléctrico va a dejar de ser negocio".
Sánchez, a propósito o sin el, hace buena la famosa frase de Alfonso Guerra, en la Transición: "Quien se mueva, no sale en la foto". El control a las grandes empresas es cada vez más férreo, una especie de omertá italiana. La trama Koldo no hace mella en el Gobierno.
PD.-El auto del juez José Luis Calama, después de seis años de instrucción, sobre la liquidación del Popular ha sorprendido en el mundo financiero. El magistrado exculpa al último presidente de la entidad financiera, Emilio Saracho, e imputa a su antecesor, Ángel Ron, junto a diez directivos y a la auditora PWC. El magistrado no da validez a unas declaraciones atribuidas a Saracho recogidas en la Prensa, sobre la venta del Popular a JP Morgan ante el inminente riesgo de quiebra. La información, junto a otras sobre las graves dificultades por las que atravesó la entidad, provocó un desplome de su cotización y una corrida de depósitos bancarios por parte de instituciones y particulares que le dieron la puntilla.
"¿Tú crees que el consejo de administración del Popular iba a poner 500 millones de su bolsillo y accionistas del prestigio de AXA o Credit Mutuel iban a ir a una ampliación si hubieran pensado que el banco iba a quebrar al año siguiente?", aseguran fuentes cercanas al antiguo consejo de administración del Popular.
Ron alega en su recurso que tuvo el aval tanto del Banco de España como de PWC, que resolvió sin salvedades las auditorias de las cuentas de 2015 y la de 2016, previa a la ampliación. La historia se repite, Deloitte también firmó unas cuentas limpias sobre Bankia antes de su salida a bolsa en julio de 2011. La auditora, al igual que su socio, Francisco Celma, resultaron absueltos diez años después. También BDO salió indemne de la quiebra de Pescanova al no quedar acreditado que conociese la falsedad de las cuentas y buscase distorsionar su imagen.
Todos los imputados presentarán recurso, ya que el auto no es firme. La apertura de juicio oral se espera dentro de un par de años aunque, visto lo visto, no creo que se halle un culpable.
