Madrid
El Gobierno ha aprobado este martes la fusión entre Orange España y el Grupo MásMóvil, joint venture que da lugar al mayor operador de telecomunicaciones de España por número de accesos, con 39 millones de líneas según la suma de los servicios de los dos operadores. Además, hasta el momento no se han señalado condiciones especiales, aunque todo apunta a que se incluirán compromisos de mantenimiento de empleo en la letra pequeña del acuerdo.
El visto bueno lo ha rubricado el Consejo de Ministros, una vez descartados los problemas estratégicos referidos a las inversiones extranjeras. De lo anterior se desprende que la apuesta de un inversor no residente (Grupo Orange) no representa amenazas para el país pese a que uno de los jugadores ostenta una participación igual o superior al 10 por ciento del capital social del emisor.
El Gobierno también ha despejado todas las incertidumbres relacionadas con el acuerdo de espectro radioeléctrico alcanzado por las dos compañías con Digi, enmarcado en los remedios propuestos a Bruselas para que la Comisión Europea pudiera desbloquear la transacción.
La operación está valorada en 18.600 millones de euros, incluida deuda, y propiciará un vuelco regulatorio en el sector una vez que liberará a Telefónica de los requisitos vinculados a su posición de dominio en ciertos mercados regulados. Como ya estaba previsto, el primer ejecutivo de la joint venture será Meinrad Spenger, actual CEO del Grupo MásMóvil, si bien el Grupo Orange podrá controlar la sociedad en el plazo de dos años. También, en función de las condiciones del mercado, el grupo galo intentará liderar la salida a bolsa del grupo resultante en el horizonte de 2025, para entonces bajo la tutela de Ludovic Pech, actual CEO de Orange España.
"El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la fusión entre iguales por la combinación de sus negocios en España de dos operadoras del sector de las telecomunicaciones, Orange y Masmóvil. De esta fusión resulta el primer operador en España, con más de 30 millones de clientes de utilización de móviles, con más de 7 millones de clientes de banda ancha y de más de 2 millones de clientes de servicios de televisión", según ha asegurado el titular de la cartera para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, quien -al contrario de esperado- no ha demorado en exceso su particular aprobación. Este ministro ha explicado en la rueda de prensa que la aprobación "viene acompañada de un plan industrial de la entidad resultante que es verdaderamente ambicioso y con una orientación de muy medio plazo, con una política de inversiones muy potente durante los próximos años en infraestructuras digitales fijas y móviles".
En la referencia del Consejo de Ministros, el Gobierno explica que, "dado que la fusión entre iguales supera los límites de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo empresarial, los llamados spectrum caps, se aplica el procedimiento previsto en el Reglamento sobre el uso de dominio público radioeléctrico, que da un plazo de cinco meses a partir del cierre de la transacción, con posibilidad de prórroga, a la nueva entidad para revertir esta situación y adecuar los límites de frecuencias". A partir de entonces, "cualquier transferencia de este espectro excedente, incluidos los 60 MHz destinados a Digi según la decisión de la Comisión Europea, tendrá que ser previamente aprobada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública".
A partir de ahora, y en espera de conocer la futura identidad corporativa de la joint venture, se procede a acelerar los últimos flecos administrativos para formalizar la operación en un par de semanas, a lo largo de este mes de marzo, en línea con los plazos contemplados por ambas compañías que esperaban presentar la sociedad a lo largo del primer trimestre de este año.
