"Sanidad no contrató servicios de la empresa de Koldo García, no salió ni un solo euro del ministerio hacia esta empresa. Ni Ábalos ni nadie que yo conozca intercedió al respecto". Salvador Illa, ministro de Sanidad en 2020 en pleno inicio de la pandemia, se mostró muy contundente el pasado 27 de febrero. El actual líder del PSC negó cualquier tipo de relación, pero, según ha demostrado la Guardia Civil, no dijo toda la verdad. La Unidad Central Operativa (UCO) ha destapado que, en realidad, Illa sí que contrató a la trama. Y, de hecho, el contrato con Soluciones se publicó en el BOE.
El 22 de diciembre de 2020 Sanidad firmó un contrato con la UTE formada por Ferrovial Servicios y Soluciones de Gestión, la empresa controlada por el empresario Juan Carlos Cueto, que logró adjudicaciones de Puertos del Estado, Adif y los Gobiernos de Baleares y Canarias gracias al pago de comisiones. El contrato está firmado por Salvador Urquía en representación de la UTE y entonces director de infraestructuras de Ferrovial Servicios, y Alfonso Jiménez, como director de Ingesa, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el organismo del ministerio de Sanidad encargado de hacer las compras.
El contrato firmado por Soluciones con Ingesa formaba parte de un paquete por 2.131 millones de euros para la compra de material, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado, y se adjudicó a varias empresas.
Según la UCO, la licitación de los lotes en los que Soluciones resultó seleccionada contemplaba la compra 52,4 millones unidades de FFP2 y 20,3 millones unidades de FFP3, cuyos precios unitarios sin IVA eran de casi tres y cuatro euros respectivamente.
El importe total de esta adjudicación se elevó así a 152,2 millones y 81,3 millones de euros en cada caso, aunque en ningún caso se especifica el precio final que cobró Soluciones, según admite la UCO. Desde Ferrovial aseguran, no obstante, que hubo solo una preclasificación y que posteriormente no se les hizo ninguna compra, por lo que en realidad no hubo ningún pago y la UTE se disolvió.
De hecho, la Guardia Civil deja claro que ni siquiera ha podido confirmar la entrega del material. "No se tiene constancia de que la UTE Ferrovial-Soluciones haya suministrado material sanitario y/o equipos de protección a las entidades participantes", se asegura en uno de los informes.
En las cláusulas del acuerdo entre Sanidad y la UTE formada por Ferrovial y Soluciones de Gestión se especifica que "el incumplimiento de las obligaciones dará lugar a la consideración de ejecución defectuosa del mismo", estableciendo unas sanciones de hasta el 0,5% del valor estimado del lote, con un máximo de 5.000 euros. La reiteración en el incumplimiento o la gravedad del mismo podrá incrementar el importe hasta un 1%.
La persona que puso en contacto a Soluciones con Ferrovial para la creación de una empresa mixta que suministrara mascarillas a Sanidad fue el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, uno de los principales implicados en la red Koldo y la persona, además, que contrató a Air Europa para traer el producto desde China.
Más allá de la trama Koldo, el ministerio de Sanidad evitó el control y fiscalización de gran parte de los contratos adjudicados por la vía de emergencia durante la pandemia. El Tribunal de Cuentas ha detectado que, bajo la gestión de Illa al frente de la cartera, hay numerosas adjudicaciones que se otorgaron para hacer frente a la crisis saltándose la obligación legal de informar de forma previa a la Intervención Delegada, con lo que se impidió que pudiera haber un control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
El Tribunal de Cuentas asegura en un informe reciente sobre las adjudicaciones de distintos ministerios que en el 34% de las licitaciones "no ha quedado acreditado en los expedientes que se diera cumplimiento a la obligación de dar cuenta a la Intervención Delegada". Y en otro 27%, además, la comunicación se realizó de forma muy posterior, con lo que ya no tenía sentido alguno. Y la mayoría de estos contratos son de Sanidad.
