El campo aragonés se harta: se movilizará para salvar el sector agrario

De hartazgo. Así califican las organizaciones agrarias UAGA, ARAGA, ASAJA y UPA en Aragón la situación que agricultores y ganaderos vienen viviendo desde hace años y ante la que han optado por volver de nuevo a salir a la calle para continuar con la senda de movilizaciones iniciada en años anteriores para pedir medidas que salvaguarden a la agricultura y ganadería profesional.

Las cuatro organizaciones agrarias se han reunido, como ha sucedido a nivel estatal, para valorar la convocatoria de movilizaciones en la comunidad aragonesa, aunque ya los sindicatos agrarios venían alertando en Aragón de realizar actos de protesta ante la falta de medidas de apoyo al sector y la impasibilidad de las administraciones.

Con estos actos, los agricultores y ganaderos aragoneses retomen además las movilizaciones que ya llevaron a cabo años atrás, en concreto, en octubre de 2019, y que culminaron con la tractorada del 10 de marzo de 2020 en Zaragoza.

Sin embargo, este acto, englobado bajo #AgricultoresAlLímite, no ha contribuido a solventar la situación del sector agrario, que viene arrastrando momentos complicados por la merma de la rentabilidad de las explotaciones desde hace años, además de la pérdida de profesiones con una media de 200 al año. Tan solo en el último año, el sector agrario ha registrado unas pérdidas de 1.500 millones de euros en gran parte causadas por la sequía.

Las cuatro organizaciones agrarias tienen previsto convocar acciones organizadas, enérgicas y seguras y con cobertura jurídica mínima para las personas que participen en ellas, así como para el resto de la ciudadanía. El calendario de actos se dará a conocer en los próximos días.

En estos actos se exigirá a todas las administraciones –desde la Unión Europea hasta el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Agricultura-, cambios radicales y medidas efectivas para salvaguardar el modelo de agricultura y ganadería profesional.

A nivel europeo, el sector aboga por cambios normativos en materia ambiental, en bienestar animal y en los tratados comerciales en relación a las cláusulas espejo. Además, consideran que el Ministerio de Agricultura tiene la responsabilidad inmediata de mejorar la aplicación del a PAC, profesionalizándola, desburocratizándola y flexibilizándola. Entre las peticiones al Gobierno de Aragón destacan la simplificación de trámites, articular ayudas directas e impulsar el relevo generacional.

Propuestas estatales

A estas medidas concretas planteadas por las organizaciones agrarias en Aragón, se suman las propuestas por los sindicatos a nivel estatal. Entre las principales críticas destacan los acuerdos de libre comercio con terceros países que sigue cerrando la Unión Europea y que agudizan los problemas de los agricultores y ganaderos europeos. En este sentido, se pide la paralización de las negociaciones de acuerdos como el de Mercosur y las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia y la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda.

También piden que el Gobierno de España, con la supervisión de la Comisión Europea, aumente los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio.

Otras reivindicaciones son la flexibilización y simplificación de la actual PAC, especialmente de los ecoesquemas y las BECAM, aparte de una simplificación de la burocracia que está suponiendo al sector unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y que no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental.

A nivel nacional, UPA, ASAJA y COAG consideran necesaria la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales con el objetivo de que los precios de los agricultores cubran los costes de producción.

Además, abogan porque la AICA- Agencia de Información y Control Alimentario- aplique sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control, de modo que se actúe más a través de indicios y no tanto con inspecciones de oficio. Referente al Observatorio de la cadena, se pide que publique los índices de precios y costes, aparte de actualizar todos los estudios de la cadena de valor realizados hasta la actualidad.

Las organizaciones apuntan a que, a nivel estatal, se ha llegado a un acuerdo para solicitar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, soluciones inmediatas para abordar las problemáticas del sector en relación con las consecuencias de la sequía y la Guerra en Ucrania, precios y costes de producción, simplificación y flexibilidad de la PAC, sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social.

Los sindicatos agrarios también exigen al Ministerio de Agricultura un observatorio sobre las importaciones y el refuerzo de la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio UE.

Además, el Ministerio de Agricultura también debe trabajar con la AICA para que se facilite de forma sencilla, que los agricultores y ganaderos puedan demandar un resarcimiento en sus ingresos cuando estén las sanciones publicadas, añaden desde las organizaciones.

Por parte de las comunidades autónomas, las reivindicaciones también son claras. En este caso, se piden reformas urgentes en cuanto a la simplificación de los trámites burocráticos que ahogan a los profesionales del campo.

Los ganaderos también denuncian la situación crítica que están generando las cuestiones de sanidad animal. En este sentido, se exige una política de sanidad animal coordinada, seria y coherente que ayude a los profesionales del campo y no les hunda.

Finalmente, reclaman recuperar un presupuesto reforzado para los seguros agrarios con el fin de adaptarlo a la situación estructural que suponen las sequías y fenómenos meteorológicos adversos, cada vez más intensos y recurrentes por el cambio climático.

Y, a nivel de Gobierno y autonomías, se exige un reforzamiento real de los mecanismos de incorporación de jóvenes para propiciar el relevo generacional ante la gran jubilación en el campo. De este modo, se pretende que ninguna solicitud de incorporación de jóvenes se quede sin realizarse por falta de presupuesto.

Igualmente, se pone el foco en frenar la especulación y la compra de tierra por parte de los fondos de inversión y agentes fuera del sector agrario y se aboga por facilitar, mediante mecanismos voluntarios, el acceso a la tierra a los jóvenes y nuevos agricultores, así como a aquellos que tienen una base territorial inferior a la media de su sector productor. También creen que se debe replantear la instalación de energías renovables en terrenos agrarios.

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