Madrid
El Ministerio de Economía recupera la Ley por la que se crea la Autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero y la aprobará por la vía de urgencia.
Esta norma tiene como objetivo crear una figura que dé respuesta a las reclamaciones de clientes de bancos, seguros, entidades de inversión, fintech y criptoactivos por la vía extrajudicial. Sus resoluciones vincularán a estas entidades siempre que la cantidad reclamada por el cliente sea inferior a 20.000 euros. Además, también impone a bancos, aseguradoras y firmas de inversión la obligación de dar servicio presencial a determinados colectivos vulnerables como las personas de más edad.
Esta norma ya se empezó a tramitar en la anterior legislatura, pero cayó cuando estaba en el Senado por la disolución de las Cortes ante el adelanto electoral al 23 de julio. El texto del Anteproyecto de Ley que ha lanzado Economía a audiencia pública (desde este jueves y hasta el 26 de diciembre, da solo siete días hábiles por su urgencia) ya incorpora todos los cambios que se hicieron a través de enmiendas en el Congreso de los Diputados.
La Cámara Baja decidió eliminar la tasa de 250 euros que la Autoridad cobraría a las entidades por reclamación estimada para financiarse, cuya recaudación total apuntaba a alcanzar los 25 millones de euros al año. Ahora la norma complica el importe que deberán abonar las entidades. De un lado, dependerá de aplicar al 40% de los gastos en los que incurra la Autoridad en el año previo el porcentaje de las reclamaciones resueltas de cada entidad frente al total. De otro, de aplicar al 60% restante de los gastos de la Autoridad el porcentaje de las resoluciones favorables al consumidor de cada entidad frente al total.
Entre las novedades añadidas al texto en el Congreso también está la obligación de que las entidades tengan que permitir la apertura de cuentas de pago básicas a las personas más vulnerables y que los usuarios de servicios de pago puedan resolver los contratos en 24 horas sin necesidad de preaviso y a través de cualquier medio que acredite fehacientemente su identidad. Si el proveedor tiene servicio online, deberá permitir hacerlo por esta vía.
A pesar de que el Gobierno tramitará el anteproyecto de ley por la vía de urgencia, la reforma del Reglamento del Senado encabezada por el PP para alargar la tramitación de la Ley de la Amnistía podrá retrasar la aprobación de la norma. Tras el cambio, el Senado, si así lo decide, no estará obligado a tramitar con urgencia (20 días) los proyectos aunque lo declare el Gobierno o el Congreso, sino que podrá alargar la tramitación hasta dos meses, límite que establece la Constitución.
