El año 2023 verá un incremento sin precedentes las inspecciones de trabajo, impulsadas por el uso de las nuevas tecnologías y por una serie de cambios legales que elevan tanto el margen de actuación como la cuantía de las sanciones. Las empresas denuncian la indefensión ante lo que consideran una "criminalización" de su actividad impulsada por la cercanía de las elecciones.
El último Comité Ejecutivo de la CEOE sirvió para poner negro sobre blanco el malestar de los patronal por la deriva tomada por el Ejecutivo de coalición y los partidos que la conforman, que han iniciado la precampaña con un redoblado ataque a los empresarios. En esa línea se interpretan también movimientos como acompañar la rebaja del delito de sedición pactada con ERC con el endurecimiento del castigo para los empresarios que vulneren la legislación laboral, lo que abre la puerta a penas de cárcel.
En este contexto, será clave el papel de la inspección de Trabajo, que ha arrancado el año con una operación en las grandes consultoras para controlar sus horas extra, aunque los expertos auguran que esto solo es el principio de una revolución que convertirá a las inspecciones en uno de los principales 'riesgos' para las empresas en este año.
Una de las claves será el uso de las 'ciber-inspecciones' mediante algoritmos que tendrán como pilar, entre denominada Herramienta de Lucha Contra el Fraude (HLF) con la que el propio ministerio de Trabajo afirma que alcanzar a "todo el universo de contratos", con el foco puesto en los contratos temporales, a tiempo parcial y fijos discontinuos (que conllevarán un mínimo de 20.000 inspecciones).
En el resto de objetivos de la Inspección, los Presupuestos también se recogen incrementos significativos de las actividades respecto a los años anteriores. Destacan las relativas la discriminación de género, que se elevan a 100.000 respecto a las 35.500 ejecutadas en 2022. Sin embargo, es el creciente uso de instrumentos como la HLF, que permiten los cruces de datos con la Agencia Tributaria, el SEPE y la Seguridad Social los que marcarán la gran diferencia.
Automatizción y castigo a las empresas
Se trata de una automatización en toda regla que no ha gustado a los propios inspectores, que estos días protagonizan una movilización histórica contra el Ministerio por sus condiciones laborales y la falta de recursos con los que cuentan. Valoran la innovación tecnológica, pero advierten de que los procesos necesitan ser verificados por un profesional humano para evitar errores, y esto añade carga de trabajo que no puede cubrir ni siquiera con las promesas de mayor presupuesto e incremento de 600 efectivos en la plantilla que ha hecho Díaz.
En este sentido, la idea de utilizar algoritmos y Big Data puede ser una forma de multiplicar el alcance de la Inspección sin incrementar la plantilla puede convertirse en u narma de doble filo a medio plazo, en forma de recursos y anulaciones de sanciones con errores.
También supondrá más trabajo la novedad de que la Inspección entre a valorar la causalidad de los despidos colectivos, introducida a través de una enmienda pactada por el Gobierno y Bildu en la Ley de Empleo. Mientras continúa el debate sobre si equivale a una autorización administrativa previa como la suprimida por la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, todos los laboralistas dan por hecho que estos informes contribuirán a judicializar aún más los despidos.
Además, el Ejecutivo está introduciendo de rondón numerosos cambios legales que adquieren el carácter de casi una nueva reforma laboral pero no reciben publicidad alguna. Dos recientes ejemplos se han introducido en el Real Decreto Ley que reforma los incentivos a la contratación y regula la prestación de paro de los artistas.
El Gobierno ha aprovechado para dar a la Seguridad Social el poder para anular de oficio cualquier "acto administrativo" (de prestaciones a ayudas y bonificaciones) concedido a empresas en las que la que la Inspección haya detectado alguna irregularidad. Asimismo, ha elevado la responsabilidad que tendrán que asumir las empresas en el caso de reclamaciones por pagos indebidos de los ERTEs de la pandemia.
El escudo de las empresas
"Cada vez hay más normas y más complejas con inspecciones laborales más agresivas y sanciones más elevadas", resume el socio de laboral de Gómez-Acebo & Pombo Carlos de la Torre, quien habla de un sesgo "ejemplarizante" en las actuaciones de la Inspección.
Esta "hiperinflación" normativa, además, se hace con escasa transparencia. Muchos criterios técnicos y operativos e instrucciones no han sido publicadas, y solo son conocidas por los inspectores, lo cual genera una elevada "indefensión" por las empresas a la hora de prepararse, como advierten también desde la CEOE. De la Torre añade además que produce una "gran discrecionalidad administrativa" a la hora de redactar las actas que pueden elevar enormemente el importe de la sanción.
Ante esta ofensiva, n todo caso, las empresas poco pueden hacer a día de hoy. Aparte de cumplir la legislación laboral con rigor y respeto a los derechos de trabajadores, De la Torre recomienda reforzar las "acciones de control y mitigación" de los 'riesgos' y advierte de que el desarrollo de los programas de "compliance" serán un "gran escudo de protección" de las empresas en esta ofensiva.
