El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reacciona con la contundencia necesaria al inaceptable cuestionamiento que Pablo Iglesias hizo de la labor de los magistrados.
La condena por agresión a la autoridad de una diputada de Podemos sirvió a Iglesias para poner en duda la independencia de los jueces. Una acusación tan grave, y parcial, ya sería censurable en cualquier político, pero supone traspasar todas las líneas rojas en un alto representante del Estado, para quien debería ser una obligación respetar los poderes que componen esa Administración. La protesta del Consejo General está así plenamente legitimida y sirve para poner aún más de manifiesto la deriva autoritaria que caracteriza a Iglesias y a su partido.
