Cultura crea la Oficina de Derechos de Autor ante el reto de la IA y la piratería en redes sociales

El Gobierno creará la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, que estará adscrita al Ministerio de Cultura, para abordar los retos que representa la Inteligencia Artificial (IA) para la propiedad intelectual y las nuevas formas de piratería que ofrecen las redes sociales.

La oficina velará por la protección de los derechos de autor, el impulso y la ejecución de políticas en la materia, asumirá las funciones de inspección y tendrá la potestad sancionadora.

El proyecto de ley para su creación, que acaba de llegar al Congreso para su tramitación, justifica que internet, con un índice de penetración en los ciudadanos del 84%, ha superado por primera vez a la televisión, que llega al 83% de la población. Ante esta situación, la Administración considera necesaria esta oficina para afrontar la importancia que está adquiriendo la Inteligencia Artificial (IA) en la industria cultural debido a su uso para crear música, pictórica y escritura. Entre los retos, destaca el registro de obras creadas por IA incluso si no tienen autoría humana o qué hacer con los derechos de autor de los NFTs (token no fungibles, por sus siglas en inglés). Asimismo, el texto añade la necesidad de abordar la piratería en redes sociales, ya que están aflorando nuevas estrategias que vulneran las obras protegidas aprovechando la combinación de funcionalidades que ofrecen las redes.

Ingresos del himno nacional

Como curiosidad, entre las distintas vías por las que se financiará esta nueva oficina de derechos de autor, además de la consignación estatal o las donaciones, destaca que recibirá los ingresos por derechos de autor del himno de España. El Estado compró a la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) los derechos del himno de España en 1997 por 130 millones de pesetas (780.000 euros al cambio actual). Entonces, la SGAE recibía unos 15.000 euros al año por los derechos del himno nacional.

Sanciones

La oficina pasará a tener la potestad inspectora y sancionadora, antes en manos del Ministerio de Cultura. La norma no cambia las sanciones, que se mantienen respecto a como están en la Ley de Protección Intelectual. Así, los prestadores de servicios de información (como plataformas online o páginas webs) que incumplan dos veces o más con la petición de retirar contenidos que vulneren lo derechos de autor afrontan multas de entre 150.001 euros a 600.000 euros.

Además, si su conducta infractora ha tener gravedad y repercusión social verán cesada su actividad un año y la resolución sancionadora se publicará en el BOE, en dos periódicos nacionales y en la página web de la compañía infractora. Si la empresa es de fuera de España, la nueva oficina podrá pedir al prestador de servicios intermediario que, desde España, impida su acceso.

El Gobierno deberá aprobar el estatuto de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos antes de agosto de 2024 y será entonces cuando pueda echar a andar. También se creará la Comisión de Propiedad Intelectual que tendrá funciones de arbitraje y asesoramiento.

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