Las mujeres rurales, una cuarta parte de la población mundial, son madres que alimentan a sus hijos, son agricultoras, son asalariadas y empresarias que labran la tierra, plantan las semillas y crían animales que nutren a naciones enteras. En muchas partes del mundo, son ellas las que más luchan contra la malnutrición de sus hijos, la sequía y el cambio climático, y a favor de la preservación de los ecosistemas, la biodiversidad y del patrimonio genético mundial.
Conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres rurales es por tanto un ingrediente fundamental en la lucha contra la pobreza, contra el hambre y la desnutrición, en pos de la sostenibilidad y la resiliencia de nuestros sistemas agroalimentarios.
Sin embargo, las mujeres en entornos rurales se enfrentan a una discriminación significativa en lo que respecta a la propiedad, la remuneración, la capacidad decisoria o el acceso a recursos y mercados. Ellas no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o al cultivo de productos de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a los servicios públicos, como la educación o la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y el saneamiento.
Demasiado a menudo, su labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la migración de los hombres por razones económicas o por conflictos. Mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las mujeres en los sistemas agroalimentarios se encuentran en peores condiciones que los hombres en los sistemas agroalimentarios.
A estos obstáculos de base se suman shocks económicos y crisis políticas como el COVID-19 que llevo a que 22% de las mujeres perdieran su trabajo en actividades fuera de los sistemas agroalimentarios en el primer año del COVID-19 contra solo 2% de los hombres.
Los casos que observamos son muchos y diversos en todo el mundo, ya que el actual varapalo a los mercados de las materias primas no ha hecho sino intensificar las disparidades de género, provocando tasas de inseguridad alimentaria, desnutrición y pobreza energética.
Esta inseguridad alimentaria está relacionada en gran parte con el hecho de que las mujeres tienen muchas más probabilidades que los hombres de depender de los sistemas agroalimentarios para su sustento, especialmente en los países más pobres. Según un último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el sur de Asia, por ejemplo, el 71% de mujeres trabaja en el sector agroalimentario, frente al 47% de los hombres, o en África subsahariana, donde estas representan el 66%, en comparación con el 60% de los hombres.
A pesar de que durante la última década las mujeres han podido ganar más acceso a algunos recursos, como la tecnología digital y algunos servicios financieros, las brechas no cambian o crecen en demasiadas áreas: los hombres tienen en mayor proporción la propiedad o los derechos de tenencia de la tierra y de otros activos de producción que las mujeres.
A menudo ellas no toman parte de las partes más lucrativas de la cadena de valor o en cultivos con potencial de exportación. Como resultado, la brecha de género en la productividad entre fincas o parcelas del mismo tamaño dirigidas por mujeres y hombres es del 24% a nivel mundial.
Esto se traduce en una brecha de género que favorece a los hombres en su renta: las mujeres ganan solo 82 céntimos en salarios agrícolas por cada dólar que perciben los hombres que desarrollan las mismas labores. Las mujeres, además, han sufrido en mayor medida la crisis causada por la Covid19: el 22% de las mujeres perdieron sus trabajos durante el primer año de la pandemia, frente a tan solo el 2% de los hombres.
La FAO estima que reducir las brechas de género en salarios y productividad en el sector agroalimentario, no solo ayudaría a transformar radicalmente los sistemas agroalimentarios, sino que sería bueno para la economía mundial: al cerrar estas brechas, podría producirse un aumento puntual de casi 1 billón de dólares, es decir el 1% del PIB mundial, y la cantidad de personas con inseguridad alimentaria podría reducirse en al menos 2 puntos porcentuales, es decir en 45 millones. Piensen además que, a nivel mundial, solo la violencia contra las mujeres se estima que tenga un costo de 1,5 billones de dólares anuales.
Para lograr la igualdad de género, se necesitan enfoques innovadores e inclusivos, que involucren a las comunidades, los gobiernos locales y nacionales para transformar los sistemas agroalimentarios y empoderar a las mujeres.
Resolver estos problemas no será sencillo y requerirá involucrar a todo tipo de partes interesadas, incluidos absolutamente hombres y niños. Sin embargo, la evidencia muestra que el progreso es eminentemente factible.
Aunque el 65% de la ayuda bilateral enfocada en agricultura y desarrollo rural hoy día está marcada para que incorpore una perspectiva de género, actualmente solo una pequeña parte, el 6% de la misma, pone el factor de género al centro del diseño del proyecto de cooperación. La reorientación de una parte de la financiación bilateral de la incorporación de la perspectiva de género hacia el tratamiento del empoderamiento de las mujeres como un objetivo fundamental en el diseño de inversiones produciría importantes beneficios adicionales.
En particular, si la mitad de los pequeños productores se beneficiaran de intervenciones de desarrollo centradas en el empoderamiento de las mujeres, los ingresos de 58 millones de personas aumentarían significativamente, así como la resiliencia de 235 millones de personas más en comparación con el enfoque tradicional.
Las mujeres son agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo sostenible. Hay que respaldar su liderazgo y su participación a la hora de diseñar leyes, estrategias, políticas y programas en todos los temas que afectan sus vidas, incluida una mejor seguridad alimentaria y nutricional, y mejores medios de subsistencia rurales.
El nuevo informe de la FAO demuestra que invertir en el empoderamiento de la mujer puede ser realmente transformador, incluso empleando la misma cantidad de recursos públicos: se produce un aumento de los ingresos y de la resiliencia de las mujeres y sus núcleos familiares, así como de comunidades enteras, especialmente en las zonas rurales.
