Barcelona
El 19% de los promotores inmobiliarios ha trasladado su inversión fuera de Cataluña, principalmente a Madrid y Málaga, tras la aprobación de la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno y que de momento solo la Generalitat se ha mostrado dispuesta a aplicar. Así lo muestra una encuesta realizada por la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) entre sus asociados para analizar los efectos sobre el mercado catalán de alquiler.
El sondeo de APCE fue realizado en el cuarto trimestre de 2023 y desveló que, desde la aprobación de la ley española en mayo, el 32% de las empresas había puesto a la venta o dejado vacantes pisos que gestionaba en alquiler, y los encuestados cuantificaron en más de 500 las viviendas reorientadas del alquiler a la venta debido a la incertidumbre sobre la rentabilidad económica y la falta de seguridad jurídica.
También han sido factores influyentes el límite para ser considerado gran tenedor (desde cinco viviendas en propiedad) y la "sobreprotección" del inquilino, así como las mayores dificultades de financiación.
Además del 19% que respondió que ha desviado inversiones a otros territorios, el 44% ha detenido la inversión hasta la aparición de un nuevo escenario más favorable, y el 22% ha reducido la inversión. De esta forma, un 85% de los consultados han variado sus planes por la Ley de Vivienda, frente a un 15% que los han mantenido.
En una rueda de prensa este jueves, el presidente de la APCE, Xavier Vilajoana, ha explicado los efectos de la ley estatal, así como las previsiones ante la entrada en vigor el 13 de marzo, con el nuevo mapa de zonas tensionadas en Cataluña y un índice de referencia de precios del alquiler que la administración catalana no comparte por considerarlo demasiado laxo.
En este contexto, Vilajoana ha asegurado que la nueva normativa genera muchas dudas y tensionará "todavía más" el mercado de alquiler, informa Europa Press.
Impacto negativo a corto y medio plazo
El 56% de las empresas promotoras aseguró que había desestimado alguna promoción a medio plazo en modalidad de alquiler, lo que ha tenido un impacto negativo en el mercado de alquiler cifrado en más de 1.100 viviendas.
"Debemos procurar que nuestro sector funcione, nos rebelamos contra decisiones políticas y cambios legislativos que no funcionan y así se ha ido demostrando en los últimos años demasiadas veces desgraciadamente", ha dicho Vilajoana, tras subrayar que su posición no es política, ya que entre los asociados de APCE -más de 1.100- figuran ayuntamientos, fundaciones, cooperativas, empresas medias y pequeñas y constructoras, entre otros.
"Es un sector muy atomizado, el 80% son pequeños propietarios, grandes tenedores (con cinco viviendas o más) solo son un 10-20%", ha dicho, tras asegurar que la Generalitat y los ayuntamientos son los grandes tenedores del mercado de alquiler de Cataluña.
Asegura que "es difícil regular un mercado tan diverso y eso genera conflictos", y que en el último mes, APCE ha tenido un alud de llamadas de gente que no lo tiene claro y que se plantea retirar su activo del mercado de alquiler para ponerlo a la venta debido a las nuevas normativas, lo cual, avisa, reduce la oferta.
Falta de inversión pública
El presidente de la entidad ha pedido "autocrítica" a las administraciones porque "los presupuestos de la Generalitat estan a un 10% de lo que se invierte en otros países como Holanda, Alemania, Austria o Francia, no solo en inversión directa, también ayudas en políticas de vivienda".
Asimismo, ha recordado que hace dos años entraron en vigor los Next Generation, y una parte de las ayudas estaban destinadas a la promoción pública de alquiler por parte de los ayuntamientos, "pero ha aflorado de pronto suelo público que no se conocía" y los municipios han comenzado a pedir ayudas hasta el punto, en sus palabras, que la demanda ha superado la oferta de alquiler social.
"El alquiler y la venta son vasos comunicantes, lo han sido y lo serán siempre, no se pueden hacer políticas de alquiler sin tener en cuenta las ventas", ha dicho Vilajoana.
