El salario de un trabajador es un ingreso para él, y una buena parte del coste de tenerlo contratado para la empresa. No es todo el coste porque la empresa también tiene que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social. En principio, las empresas sólo contratarán nuevos empleados, y mantendrán los que ya tienen en nómina, si la producción de estos empleados supera, al menos, los costes salariales y de cotizaciones. Puede haber excepciones puntuales por algunas razones, pero si en la generalidad de los casos, primero no se producen nuevas contrataciones, después despidos y finalmente el cierre de empresas.
Esta cuestión conviene tenerla en cuenta, especialmente en épocas de inflación y subidas de costes, cuando se determina la subida del salario mínimo. Esencialmente, cuando los costes suben se acaban repercutiendo a precios. Esto quiere decir que una subida importante de los salarios, si no va a acompañada de un aumento de la productividad acabará repercutiéndose en un aumento de precios. Pero, si no hay aumento de precios, entonces lo que acabará produciéndose es una reducción del empleo, como comentábamos antes. La otra alternativa es que parte de la economía se "sumerja", para evitar más costes. Esto lleva a la pérdida de derechos de los trabajadores, y también, a la pérdida de ingresos, cotizaciones e impuestos, de las Administraciones. Las empresas en economía sumergida serán más competitivas a medida que se incrementen los costes, sobre todo salariales y fiscales, de la contratación legal.
Veamos algunos datos sobre la situación de los precios y de los costes laborales de las empresas. Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste laboral unitario se estaba incrementado un 5% respecto al tercer trimestre de 2022, la misma tasa que el deflactor implícito de la economía. Esto implica que el precio de lo que se produce en España aumenta, y lo hace por encima del índice de precios al consumo, cuyo último dato estaba en un crecimiento del 3,5%. Esto también quiere decir que ya no estamos importando inflación, sino perdiendo competitividad, y que esto sucede, por el aumento de costes.
Todo esto no sería un problema si la productividad estuviese aumentando. Sin embargo, según un reciente informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación BBVA, la productividad total de los factores en España cayó un 7,2% entre 2000 y 2022. Esta tendencia continúa, y según también los últimos datos del INE, la variación interanual de la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo cayó en términos interanuales un 1,8%. Por otra parte, la productividad por hora efectivamente trabajada registró también una tasa negativa del 0,8%. El aumento de horas trabajadas está compensando, en parte, la caída de la productividad por horas efectivas.
Con este panorama, el Gobierno, con apoyo de los sindicatos, ha aumentado el SMI un 5%. Esto supone, de forma automática, un aumento de los costes del trabajo para las empresas en más de un 5%. En principio, esto sólo se aplicaría a los trabajadores que cobran el SMI. Sin embargo, hay convenios que están indiciados al SMI, lo que supone que varios millones de trabajadores verían subir sus salarios brutos en este porcentaje. Esto supondrá, también, mayores costes para las empresas, porque al coste salarial hay que añadir las cotizaciones. Las cotizaciones sociales españolas son de las más elevadas de la OCDE, pero, además, se incrementan con el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) del cual cuatro quintas partes recaen en la empresa.
Pero, el trabajador también paga sus cotizaciones de Seguridad Social, y, sobre todo, también debe pagar el IRPF. Esto supone que, si un trabajador cobraba el SMI en 2023, le llegaban netos 1.007 euros de un salario bruto de 1.080. La diferencia corresponde a un 6,47% de cotizaciones y un 0,25% de IRPF. La subida del 5% iban a suponer 54 euros para el coste de la empresa, incrementados en un 31,98% (en la mayoría de los casos) de cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social. Con la anterior normativa del IRPF, esta subida de 54 euros se hubiese quedado en 30 euros mensuales, puesto que el contribuyente pasaba de tributar al 0,25% a pagar el 2,05%. Esto supone un marginal del IRPF del 38%, porque suben los ingresos, pero también los gastos deducibles. Cuando eso se combina con las cotizaciones, el resultado es un tipo marginal del 44%, de 54 euros de aumento bruto, el trabajador percibe 30 euros. Esta cuantía supone un 2,98% de aumento, por debajo del IPC, con lo que los perceptores del SMI ni siquiera mantenían el poder adquisitivo.
En realidad, aparecen muchísimos problemas: incrementos de costes, reducción de la productividad, pérdida de competitividad, y, por último, una exagerada brecha fiscal, superior en los salarios más bajos. Hay una gran diferencia entre lo que le cuesta a una empresa un trabajador con el salario mínimo, y lo que percibe. Además, esta cuña aumenta con el marginal del IRPF, que alcanza el 43% para los que ganan menos de 21 mil. Como se ha visto con el SMI, entre cotizaciones e IRPF, alcanza el 44% de subida.
Este último problema se solucionará, aunque no completamente, con la reducción de las retenciones derivadas de la modificación del Reglamento del IRPF. Esto sólo afectará a los contribuyentes que menos ganan, que, habitualmente no tienen que presentar declaración. Sin embargo, si tienen que hacerlo por algún motivo, entonces tendrán que pagar más impuestos. En el estudio que Carlos Victoria y yo realizamos para EsadeEcpol, detectamos este gravísimo problema de la estructura del impuesto, la existencia de dos tarifas distintas para declarantes y no declarantes, que genera problemas muy graves de eficiencia económica y de equidad. Existen soluciones a este problema, que detallamos, pero para hacerlo habría que cambiar la ley del IRPF, como comenté en elEconomista.es.
En cualquier caso, esta rebaja del IRPF sólo afectaría a los contribuyentes que menos ganan en el IRPF, según cálculos del Ministerio de Hacienda, unos 5,2 millones (una quinta parte) y tendría un coste aproximado de 1.385 millones de euros. A partir de aquí, hay que ser conscientes de que, si se le diese el importe de esta rebaja no a cinco millones sino a unos veinticinco, entonces se multiplicaría. Y la situación fiscal de España es más complicada de lo que gustaría.
Precisamente por eso, habría que ser sumamente cuidadoso generando expectativas que no se pueden cumplir. Por ejemplo, no se puede aspirar a aumentar los mínimos personales porque afectan a todos los contribuyentes del IRPF, y la pérdida recaudatoria no sería asumible. Otra cuestión que habría que plantearse es si todos estos aumentos de costes son compatibles con la idea de rebajar la jornada de trabajo.
Al final, lo que son ingresos y derechos para los trabajadores, también son costes para las empresas. Al igual que lo que unos no pagan en impuestos, lo pagan otros. Es el viejo principio de la partida doble, inexorable en el corto plazo. A largo plazo, la única salida es el aumento de la productividad, y consecuentemente, del crecimiento económico. Habría que analizar si todas las medidas que se anuncian contribuyen a ese objetivo al que no debemos renunciar.
