Una de las principales promesas de Joe Biden para los votantes jóvenes en la última campaña electoral fue perdonar la deuda universitaria, que puede suponer decenas de miles de dólares por estudiante, especialmente para las personas con rentas más bajas. Y el presidente de EEUU, aunque no ha logrado aprobar un solo documento que anule todos esos pagos pendientes, lleva años haciéndolo de forma silenciosa, aprovechándose de todos los resquicios legales y los poderes ejecutivos del Gobierno. En total, ya ha eliminado 138.000 millones de dólares en deudas, y todavía le quedan al menos 11 meses para seguir haciéndolo.
Hace un año, Biden intentó derogar de golpe 400.000 millones de deuda -un 25% del total pendiente de pago- mediante un decreto presidencial, pero el Tribunal Supremo lo tumbó el pasado mes de junio, alegando que necesitaba una ley para respaldar una decisión con un valor tan grande. La conclusión que sacó el Gobierno estadounidense no es que no podía seguir cancelando deuda, sino que tenía que hacerlo con muchas decisiones que eliminaran cantidades lo suficientemente pequeñas y a las que pudiera encajar en alguna ley, para argumentar que ya tenían la autorización del Congreso.
Así, en los últimos años, la Administración Biden ha ordenado revisar cada año la cantidad de personas que han alcanzado el máximo legal de años con deuda estudiantil para asegurarse de que el remanente quede cancelado, algo que está establecido en la ley -una vez pasados unos ciertos años, las deudas universitarias deben desaparecer- pero que otros Gobiernos no habían aplicado. En total, más de 930.000 personas han visto desaparecer su deuda restante por esta vía.
Esta semana, el Gobierno también ha anunciado que anulará las deudas de las personas que hubieran tomado un préstamo de menos de 12.000 dólares (sin contar intereses) y que no lo hubieran pagado en una década, lo que se estima que afectará a 153.000 personas con una deuda total de 1.200 millones de dólares. También se la ha eliminado a 790.000 funcionarios, que debían 56.000 millones, y a 510.000 personas discapacitadas, con 11.700 millones en deuda, aprovechando posibilidades que recogían los estatutos legales de dichos grupos.
Los afectados por el cierre inesperado o ilegal de universidades también han dejado de deber el dinero que pidieron para enrolarse en dichas instituciones, con 1,3 millones de afectados que debían 22.500 millones en total. Y el siguiente paso es ayudar a los estudiantes que deban más dinero del que pidieron inicialmente, porque son incapaces de pagar incluso los intereses acumulados, y a los que sufran de "dificultades financieras".
La ventaja de este mecanismo es que los tribunales no pueden tumbar esas medidas: detrás de todas ellas hay una ley que respalda o justifica la condonación de deudas. Más preocupante debe ser el hecho de que ningún otro Gobierno hubiera aplicado hasta ahora cláusulas que existían desde hace años pero que dormían el sueño de los justos, mientras millones de personas seguían pagando esas deudas.
Por el momento, Biden ha logrado alcanzar a un tercio de todos los estudiantes con deuda acumulada. El problema es que alcanzar a los dos tercios restantes es más difícil, porque la posibilidad de encajarlos en alguna ley existente es cada vez más remota. Pero en plena camapaña electoral, cumplir del todo con su promesa puede ser una clave para activar a un electorado, el más joven, que recela de un candidato con más de 80 años.
