Empresas sin experiencia, alejadas del ámbito sanitario y algunas constituidas apenas unos meses antes de lograr los contratos públicos durante la pandemia. La trama Koldo ha destapado un entramado que golpea de lleno al Gobierno de Pedro Sánchez, afectando a cuatro ministerios y dos empresas públicas, además de la presidenta del Congreso. El 21 de febrero, con la detención de Koldo García, asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y de otras 19 personas más por recibir, presuntamente, mordidas de los contratos, estalló todo, pero ¿cómo se fraguó?
Todo empezó el 14 de marzo de 2020, cuando el Gobierno aprueba el Real Decretro por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la crisis sanitaria por el Covid-19. Tan solo dos días después, el 16 de marzo, las dos principales empresas de la trama —Soluciones de Gestión y el Grupo Cueto— firman ya un acuerdo para la prestación de servicios de suministro de mascarillas por 1,1 millones. Y esa misma semana, el 22 marzo, Soluciones llega a un acuerdo similar con Deluxe Fortune y MTM 180 Capital, dos empresas de Víctor de Áldama, el presidente del Zamora.
La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pone especial énfasis en que MTM, por ejemplo, se había creado apenas unos meses antes y, pese a ello, "presumía de experiencia en la importación desde Europa y Asia". Deluxe estaba creada antes, pero, según un informe de la UCO, "no hay constancia de que tenga actividad alguna en los ámbitos de la importación y la exportación".
Todo iba en ese momento a contrarreloj ante la necesidad de encontrar mascarillas, pero llama la atención como las adjudicaciones a la trama se realizan en apenas unas horas. El 20 de marzo, por ejemplo, Transportes aprueba una orden para regular la compra de 8 millones de mascarillas a Puertos del Estado, que Soluciones se adjudicó al día siguiente por 24 millones. Y lo mismo ocurrió con Adif. Transportes emitió la orden de contratar 5 millones de mascarillas el día 26 y la adjuración a Soluciones, por 12,5 millones, se materializó al día siguiente. En menos de 24 horas.
El contrato con Air Europa
Muy pocos días después, el 30 de marzo, la trama contrata a Air Europa para el transporte de las mascarillas desde China por un importe de 2,1 millones. Es la primera adjudicación a una empresa del grupo Globalia porque el 6 de abril se produce la siguiente con un contrato de 1,1 millones a Globalia Broker con el mismo objetivo. Posteriormente, ya, el 22 de abril y el 4 de mayo se firman las adjudicaciones por parte del Servicio Canario de Salud y el 8 de mayo la del Gobierno de Baleares.
Esas mascarillas resultaron defectuosas, pero pese a ello, la entonces presidenta de las islas, Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, avaló la operación ante el ministerio de Sanidad con un escrito remitido a Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria). La propia Ingesa contrató así el 30 de noviembre a una UTE formada por Soluciones y Ferrovial. A la trama empezaba a cuadrarle todo. El asesor de Ábalos cobraba las comisiones por la intermediación —su patrimonio se triplicó en solo dos años, según la Agencia Tributaria—; la trama logró contratos millonarios y Air Europa consiguió un pequeño respiro ante la crisis del transporte.
La investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia del PP de Madrid se inició dos años después, en 2022. Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, está en el foco de todas las miradas. La compañía, dedicada a servicios de ingeniería y asesoramiento técnico, pasó de no facturar nada en 2019 a lograr un año después 53,1 millones de euros gracias a los contratos públicos. Todo ello pese a que el objeto social de la firma era ajeno al suministro sanitario y tenía relación con China.
Los primeros en 'caer'
Con la detención de Koldo, el primer salpicado fue José Luis Ábalos, exministro de Transportes. Koldo era "el chico para todo" del exministro y por eso desde el Gobierno le pidieron que cediera su cargo como diputado. Sin embargo, Ábalos se mantuvo firme y aseguró que "si dimitiera ahora se vería como un signo de culpabilidad, que no asumo".
Óscar Puente, actual ministro de Transportes, ha iniciado una auditoría de Puertos del Estado y Adif con el fin de esclarecer lo ocurrido en 2020 con la compra de mascarillas a través de contratos públicos. "Los contratos pueden estar bien y eso no excluye que haya personas que se lucraran de ellos y recibieran mordidas. Hay que distinguir lo que son los contratos de las comisiones", explicó Puente durante una rueda de prensa. El hecho, sin embargo, es que altos cargos actuales de su ministerio se reunieron, sin embargo, recientemente con Koldo García. ¿La razón? Es algo sobre lo que la Guardia Civil sigue trabajando.
Sin embargo, esta mañana ha comparecido en el Congreso y le ha pasado la 'patata caliente' al PP. "En julio tramitamos un expediente para exigir una reclamación por estas mascarillas. Cuando ganan los populares en Baleares, se les explica el expediente. Son ellos quienes tienen la responsabilidad de explicar qué hicieron con ese expedientes", ha explicado.
Pero son muchos más los implicados o que puedan llegar a estarlo. Salvador Illa, exministro de Sanidad y actual líder del PSC, ha negado en todo momento que hubiera contratado a la trama, mostrando su disposición total a colaborar con la justicia. La empresa ligada a Koldo García logró también contratos con el ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska al frente. Tras ser cuestionado por ello por la UCO, el ministerio ha alegado, no obstante, que lo hizo porque necesitaban mascarillas y Soluciones de Gestión estaba ya trabajando para Transportes.
Entre los ministros que están también bajo sospecha figura Ángel Victor Torres, titular de Política Territorial y presidente en 2020 del Gobierno de Canarias. El Servicio Canario de Salud adjudicó hasta 12 millones de euros a la empresa ligada al asesor de Ábalos.
Llamados a declarar
El pasado 28 de febrero, Juan Carlos Cueto, el presunto cerebro de la trama, fue llamado a declarar ante la Audiencia Nacional. Este negó que hubiera irregularidades ni comisiones ilegales en los contratos de mascarillas durante la pandemia y ha alegado que no sacó provecho de la venta del material sanitario.
Además, el juez, Ismael Moreno, señala que "Aldama ha sabido ocultar su importante actividad económica como consultor e inversor inmobiliario, con negocios de restauración y con actividad comercial nacional e internacional". Además, el juez destaca que Aldama no ha declarado el IRPF desde 2015. Previamente, ya había asegurado que este había cobrado comisiones de Air Europa cambio del contrato del transporte de las mascarillas y que tenía un "pase especial" en el Ministerio de Transportes.
