Madrid
La publicación de la balanza fiscal por parte del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), think tank dependiente del ministerio de Hacienda, recoge el reparto de ingresos por cotizaciones y gasto en diferentes prestaciones de la Administración de la Seguridad Social. El balance negativo de la caja única que abona las pensiones y otras prestaciones superaba los 27.600 millones en 2021. Por autonomías, son tres los territorios que aglutinan una buena carga: Andalucía (4.145 millones de déficit), Cataluña (4.370 millones, también la región con más pensionistas, 1,55 millones) y País Vasco (3.568 millones). Juntas representan más del 40% de los 'números rojos' de la Seguridad Social. No obstante, este desajuste se reparte entre todos los territorios por la definición de caja única.
De cerca siguen otras regiones que, por su demografía y envejecimiento, caminan hacia un permanente desajuste en el reparto de trabajadores aportando al sistema y jubilados cobrando pensión: la meseta norte y el noroeste del país. Castilla y León tiene un déficit de 3.430 millones de euros en su sistema; Galicia, otra región muy representativa de envejecimiento, registra un saldo negativo cercano a 3.400 millones. Igualmente, Asturias obtiene un saldo negativo de 2.878 millones.
La Comunidad Valenciana registra un déficit de 2.300 millones con los datos de 2021 en la mano recién publicados. Cantabria, 918 millones; Castilla-La Mancha, otros 892 millones; Extremadura, otros 710 millones; Navarra, 419 millones; Canarias, 315 millones; La Rioja, 255 millones; y Murcia, 111 millones.
Las pensiones son autosuficientes en la actualidad en contados puntos de la demografía española: Madrid (1.535 millones de superávit), las Islas Baleares (165 millones) y las ciudades autonómicas de Ceuta (23 millones) y Melilla (15 millones) registran un modesto superávit en su comparativa de ingresos y gastos totales, según los datos recogidos en la balanza fiscal.
A la vista de los datos, se observa como las pensiones no son autosuficientes en prácticamente ningún punto del territorio. No es una novedad, ya que la Seguridad Social arrastra un déficit permanente desde comienzos de la pasada década, en 2012.
El principio de 'caja única'
Esto no significa que las CCAA afronten estos 'números rojos' con sus cuentas, ya que es la caja única de la Seguridad Social la que reparte este esfuerzo (y también los beneficios) a nivel estatal bajo el principio de solidaridad entre territorios en términos presupuestarios. Por ejemplo, la aspiración vasca de gestionar y abonar sus pensiones, con la transferencia de la Seguridad Social que reclaman desde hace décadas y ahora retoma fuerza, les saldría a deber.
En cambio, este déficit de la Seguridad Social recientemente se ha transformado contablemente. La legislación impuso un cálculo diferenciado de los gastos impropios y propios. Los impropios son aquellos que no debería asumir el sistema y que se pagan con transferencias del Estado a la Seguridad Social. Y los desembolsos contributivos, como los son aquellas pensiones de jubilación cuando se cumplen los requisitos mínimos, son las obligaciones que se abonan con los derechos reconocidos por cotizaciones sociales del trabajo (en concreto, el apartado de contingencias comunes).
Este principio de separación de fuentes de financiación, no obstante, deja claroscuros una vez aterrizado su análisis. El peso de las transferencias del Estado sobre los ingresos totales de la Seguridad Social es del 23%: esto significa que uno de cada cuatro euros de los ingresos de los que dispone la Seguridad Social ya viene de los impuestos y no de cotizaciones sociales.
Llegados a este punto, el saldo contributivo por cotizante, definido como el déficit repartido entre el número de afiliados, ronda actualmente los 1.272 euros, según El Pensiómetro del Instituto Santalucía. El mismo cálculo repartido entre los pensionistas es de 2.863 euros. Este dato se ha deteriorado desde que la caja de las pensiones pasara de gastar más de lo que ingresaba en el tercer trimestre de 2012.
Y por un sistema que gasta más de lo que ingresa se genera una bola de nieve de deuda: necesita financiarse para conseguir hacer frente a sus obligaciones. La Seguridad Social ha duplicado su deuda pública en los últimos cuatro ejercicios. Según apuntan los datos más recientes del Banco de España, esta Administración ha pasado de un pasivo de 55.000 millones en 2020 a superar los 116.000 millones a cierre del pasado 2023.
