Pese al discurso triunfalista del Gobierno sobre la recuperación del empleo, los datos reflejan que esta mejora debe mucho al incremento de los empleados públicos. No en vano, el número de funcionarios ha crecido en casi 500.000 desde el año 2018, el primero en el que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, hasta superar los 3,7 millones. En favor del Ejecutivo central, se podría precisar que las grandes responsables de este aumento son lascomunidades autónomas, donde la cifra de asalariados públicos creció un 16,7%, pasando 1,8 millones en 2018 a más de 2,1 millones en 2023, con la excusa de la reposición. El año pasado, en el que hubo elecciones en muchas regiones, dicha tendencia se mantuvo con un alza del 2%. Con ello, las CCAA ya acaparan seis de cada diez empleos públicos, lo que supone un récord absoluto, y copan cerca del 70% del incremento de funcionarios desde 2018. Con todo, el hecho de que la Administración Central haya tenido un comportamiento más modesto no exime al Ejecutivo de coalición de este alza desmedida de funcionarios.
A ello contribuye que la Seguridad Social también ha impulsado las contrataciones en los últimos años. Pero, además, el aumento de los funcionarios también evidencia hasta qué punto el Gobierno no ha sido capaz de canalizar la reactivación económica y el desembarco de los fondos europeos en favor de la economía productiva. Tanto es así que, en proporción, la plantilla de las administraciones ha crecido casi seis veces más que la de las empresas en los últimos cinco años. Una brecha que ahonda aún más el grave problema de la baja productividad, que tradicionalmente presenta el sector público frente al privado, hasta convertirlo en un freno para la recuperación del mercado laboral con la mayor tasa de paro de la Unión Europea.
