Alicante clama contra la prórroga de los presupuestos generales que la sitúan a la cola de España

Alicante vuelve a pagar los platos rotos marcado por la inestabilidad política en el conjunto de España. El efecto dominó de la nueva convocatoria de elecciones en Cataluña y la consiguiente decisión del Gobierno estatal de no presentar presupuestos generales para este año y prorrogar los de 2023 ha vuelto a generar malestar en la quinta provincia de España por población y por aportación del PIB.

Varias organizaciones empresariales y sociales de Alicante han coincidido en que la falta de unos nuevos presupuestos estatales afectará negativamente a la provincia, que ya en los del año pasado había quedado relegada a las últimas posiciones en volumen de inversión del Estado en relación a sus habitantes. De hecho. varias asociaciones ya convocaron protestas el año pasado por la mínima inversión prevista en la que es la quinta provincia por población y que además en los últimos años ha visto reducirse su renta per cápita.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 recogía inversiones por valor de 160,3 millones de euros para Alicante, lo que suponía un recorte del 12,3% respecto al año anterior. Un ejercicio en que ya era la provincia con menos dinero asignado por habitante en las cuentas públicas. La medida provocada tras los fallidos presupuestos en Cataluña perpetua esa baja inversión para este año.

Una situación que se suma al rechazo por parte del Ejecutivo de Sánchez a acometer ya la que se considera la inversión esencial para el futuro de la provincia: la puesta en marcha del proyecto de una segunda pista en el aeropuerto de Elche-Alicante que permita garantizar el incremento de turistas.

El presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), Nacho Amirola, calificó de "irresponsable" la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para este año. Según la entidad "esta situación relegará a nuestra provincia, un año más, a la última posición en inversiones, tan necesarias para impulsar la competitividad y la productividad de Alicante".

Por ello, reclamó al Gobierno central que desarrolle políticas inversoras extraordinarias en 2024 que mitiguen "el constante déficit de inversiones que la provincia de Alicante sufre".

Riesgo para la competitividad

También la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) ha lamentado la decisión del Gobierno de prorrogar las cuentas "tan negativas para Alicante que arrastramos desde 2023, donde se castigó a nuestro territorio con inversiones mínimas que no solventaban los problemas estructurales de la provincia", según su presidente, César Quintanilla.

Para el empresario existen "graves riesgos para el desarrollo de la economía a la vista de la parálisis política y de presupuestos del Gobierno de España, que lastra nuestro futuro de la provincia y produce pobreza".

Desde su punto de vista, "el debate y la agenda política de los últimos meses no tiene nada que ver con los problemas reales de la economía, no se están tomando medidas y modificaciones estructuras para anticiparse a una eventual recesión, aplicando una visión triunfalista y cortoplacista". Al mismo tiempo, infraestructuras básicas para el desarrollo de sectores como el turístico, el industrial o el agroalimentario "siguen pendientes y sostenidos por promesas, sin respaldo financiero ninguno".

Para Quintanilla la falta de inversión pone en peligro muchas iniciativas que tratan de impulsar al tejido empresarial al nivel de competitividad e innovación necesario para hacer frente a los restos de la economía global.

En respuesta, "lo que necesitamos es un Gobierno que gobierne pensando en los territorios, en las personas y en la capacidad de generar un ecosistema capaz de ayudar a crear empleo y riqueza. Una prórroga de los presupuestos de 2023 y la espera hasta 2025 son un castigo más a nuestra provincia y a nuestros esfuerzos colectivos e individuales del empresariado".

La Generalitat también se suma

el propio Gobierno valenciano ha reaccionado ante la falta de unos presupuestos generales con los que queda claro que no se podrán cumpliar algunas de sus aspiraciones de financiación ni de las promesas del Ejecutivo de Sánchez. Según la propia Conselleria de Hacienda, la renuncia a elaborar esas cuentas supone para la Comunidad Valenciana que el Gobierno no vaya a cumplir con la exigencia de habilitar un fondo transitorio de nivelación que permita a las comunidades infrafinanciadas disponer de los mismos recursos que la media mientras se aborda la reforma del sistema de financiación.

Además las comunidades autónomas seguirán recibiendo las mismas entregas a cuenta del sistema de financiación que en 2023, con lo que los recursos que las autonomías reciben mensualmente para financiar la sanidad la educación y los servicios sociales no se actualizarán según la subida comunicada por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas el pasado diciembre en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"El aumento de recursos para las comunidades autónomas del que tanto han presumido el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Hacienda no se está traduciendo en una mejora de los ingresos este año y no será así mientras el Gobierno no actualice estas entregas", según la consellera de Hacienda, Ruth Merino.

WhatsAppTwitterLinkedinBeloud