Periodista especializada en Banca y Finanzas.
La polémica suscitada en los últimos días con el plan para imponer peajes en las vías ha llevado al titular de la cartera de Transportes a responder a las críticas. José Luis Ábalos ha señalado que debe conseguirse el favor del resto de partidos, pues "tendríamos que acometer una reforma legal y necesitamos de la aprobación del parlamento. Es una condición básica para poder implantar el pago por uso".
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la denominada Ley Rider. La norma, tramitada a través de un Real Decreto Ley, obligará a plataformas como Deliveroo, Glovo o Uber Eats a contratar a sus repartidores que hasta ahora trabajaban como autónomos. Esta regulación no es la primera que se desarrolla en Europa para poner normas a esta actividad, Italia ya lo hizo en 2019, pero sí es pionera a la hora de regular el deber de información de las empresas en lo que a sus algoritmos se refiere.
Casi dos meses después de que la mesa del diálogo social diese luz verde a la denominada 'Ley Rider', el Gobierno llevará al Consejo de Ministros de este martes la norma que obligará a plataformas como Glovo, Uber Eats o Deliveroo a convertir a sus repartidores, hasta ahora autónomos, en trabajadores. Todo ello, en un plazo de tres meses y con las empresas del sector y las patronales enfrentadas entre sí tras el desmarque de la catalana en la última reunión antes de la aprobación de la norma.
El fin del estado de alarma ha vuelto a activar la movilidad. Las compañías van retomando parte de su actividad y Cabify ha decidido volver a poner en marcha una parte de los coches que tenía parados desde hace meses y que desde entones estaban hibernando en parkings de las afueras de las grandes ciudades. La empresa de VTC ha enviado a los gestores de sus flotas un comunicado interno al que ha tenido acceso elEconomista en el que indica la posibilidad de reactivar aquellos coches que durante los peores meses de la pandemia no estuvieron en las calles.
Abertis recibirá 1.291 millones de euros del Estado por las obras que realizó al calor del convenio de concesión de la parte catalana de la AP-7 este año. En cambio, esta cifra dista enormemente de la que calcula la compañía participada por ACS y Atlantia que debería percibir y que supera en unos 3.000 millones a la que el Gobierno ha apuntado en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas. La diferencia parte del convenio firmado en 2006, que dividía la cuenta de compensación del equilibrio económico-financiero en dos partes: por un lado, las obras realizadas, y, por otro, los flujos de tráfico esperados. Los cálculos realizados por la compañía desvelan que el fin de la concesión conllevaría, en lo que a esta última parte se refiere, una indemnización que superaría los 3.000 millones de euros.